Canarias no puede permitir que el mar que nos separa se agrande aún más

El actual Gobierno del Estado ha aprobado en el Consejo de Ministros un Proyecto de Ley que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que perjudica gravemente a Canarias. Se trata de un proyecto de Ley que modifica la actual Ley de régimen económico y prestación de servicios en los Puertos de interés general (Ley 48/2003) y, representa una gran amenaza para Canarias.

Este Proyecto de Ley suprime las bonificaciones a las tarifas portuarias para Canarias por razones de alejamiento e insularidad, las reguladas por la Ley vigente y, que se aplican en Canarias para el tráfico marítimo, tanto interinsular como con la Unión Europa.
Actualmente se aplican en los Puertos Canarios una serie de bonificaciones que afectan directamente tanto a los buques, a los pasajeros y a las mercancías transportadas. Estos porcentajes son diferentes y van desde un 50 hasta un 80%, según los servicios sean entre puertos del archipiélago o entre éstos y los de la Unión Europea. El actual proyecto de Ley suprime estas bonificaciones, lo que va a suponer que el transporte marítimo en las islas se encarezca dramáticamente.
Por citar un caso, el coste del transporte entre las islas de un vehículo como una guagua, por ejemplo, se incrementaría en unos 30 euros más, o el incremento en el coste para un pasajero se incrementaría entre 3 y 6 euros, siendo la isla del Hierro la más perjudicada.
No hay excusa ni justificación para suprimir estas bonificaciones. Primero, porque están acorde con nuestro ordenamiento jurídico, fueron introducidas en la Ley actual del 2003, por la obligación del Gobierno del Estado, recogida en la propia Constitución Española, de dar respuesta, de compensar el hecho insular como un hecho diferencial que debe ser atendido particularmente. Segundo, porque está en sintonía con el ordenamiento jurídico Comunitario, en especial el que hace referencia a las Regiones Ultraperiféricas.
Canarias está, ahora, ante esta grave situación por una deslealtad e irresponsabilidad del Gobierno de España, que justifica esta decisión en un Dictamen Motivado de la Comisión Europea, producto de una denuncia de un particular de un país tercero.
A día de hoy desconocemos cuál fue la defensa de España, lo que es evidente por sus resultados, es que fue ineficaz, y no evitó que la Comisión elaborase un Dictamen Motivado (paso previo a una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo). Solo cuando el Dictamen Motivado de la Comisión era ya una realidad, solo entonces, es cuando el Gobierno de España decide ponerlo en conocimiento del Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias sí hizo su trabajo elaborando y remitiendo un informe pormenorizado –aportando tanto datos como normativa- donde se defiende la legalidad de las bonificaciones y desmonta la situación de discriminación alegada, entre otras cuestiones por nuestra consideración de Región Ultraperiférica recogida expresamente en el art. 299.2 del Tratado de la Unión Europea.
Pero continúan los desatinos. El Ministerio de Fomento decide no utilizar el informe del Gobierno de Canarias y simplemente informa a la Comisión Europea de que está de acuerdo en cambiar la Ley para eliminar dichas bonificaciones. Esto implica hacer dejación de la defensa de nuestros derechos básicos, los conseguidos con el trabajo de todos en Europa. Ante esto, la Comisión Europea continúa con la Denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo, haciendo constar en la misma que es la propia España la que ante su pasividad y falta de argumentación, no le deja otro camino.
Es muy grave que en la denuncia, la Comisión diga claramente que el Gobierno de España no defiende suficientemente la no discriminación de las bonificaciones y, por lo tanto, su legalidad, llegando la Comisión a afirmar que España no aporta NI UN SÓLO DATO. Ante esta pasividad volvemos a reclamar el derecho de defendernos directamente en Europa. El no hacer valer nuestra condición de Región Ultraperiférica por parte del Gobierno de España es una DESLEATAD, no solo con el Gobierno de Canarias, sino con todos los canarios.
De salir esta Ley adelante este Gobierno Socialista pasará a la historia, por lo menos a la historia de Canarias como el que menos defendió a Canarias y el que por su ineptitud más le perjudicó. Estamos a tiempo de arreglar esto, si todos nos unimos para defender los intereses de Canarias.