El Pleno del Parlamento de Canarias pide dar “una solución definitiva a las familias de Ojos de Garza, la Montañeta y el Caserío de Gando”

La Cámara regional aprueba por unanimidad una iniciativa de María del Mar Julios junto al Grupo Socialista porque “los vecinos no pueden esperar más” El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una iniciativa de María del Mar Julios, portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), junto al Grupo Socialista en la que se pide una solución definitiva para las familias de Ojos de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando después de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) tomara la decisión de posponer las obras del aeropuerto y, por lo tanto, su realojo hasta el año 2025”. Durante su intervención, la portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) pidió a todos los partidos representados en el Parlamento responsabilidad para con unos vecinos “que están pasando por una situación injustificada y, lo que es peor, insostenible”, afirmó. “Es absolutamente indignante que después de más de 10 años de incertidumbre, de pasos hacia delante y hacia atrás por parte del AENA y una vez alcanzado un protocolo para dar una solución definitiva a estas 1.000 familias, volvamos al punto inicial por la negativa de AENA de firmar el convenio que había acordado con el Gobierno de Canarias y paralizar las obras con la tan peregrina excusa de falta de presupuestos, olvidando así el problema de unos vecinos que se merecen toda la atención”, explicó Julios. María del Mar Julios aseguró que “los vecinos no están pidiendo nada extraordinario” y solicitó también que en la valoración de sus viviendas se les apliquen los criterios de 2008, puesto que la vivienda ha perdido valor en los últimos años y de ello no tienen culpa unos vecinos a los que ya se les deberían haber dado sus nuevas viviendas, una viviendas que, además, deberán de reunir una serie de requisitos para que les sitúe en igualdad de condiciones a la actualidad. “El Gobierno de España a debe dar marcha atrás en su decisión y firmar el convenio ya elaborado por el Ejecutivo canario y que da a una solución definitiva a los vecinos”, explicó María del Mar Julios. “El Estado, además, debe garantizar en sus presupuestos anuales las cantidades que resulte del referido contrato-programa y que éste compromiso se extienda a los incrementos presupuestarios resultantes”, concluyó.