Julios acusa a Bravo de Laguna de engañar a los vecinos de La Aldea con un compromiso falso de prefinanciación de obras

La diputada nacionalista afirma que no se puede seguir utilizando a los vecinos cuando la solución está en manos del presidente del Cabildo que lleva tres meses sin responder al Gobierno. Mientras el Cabildo tinerfeño ha aportado dinero a fondo perdido con un compromiso de devolución por parte Ejecutivo, Bravo de Laguna ofrece dinero con cargo a la deuda, algo que prohíbe su partido en el Gobierno del Estado. Domingo Berriel le deja claro a María del Mar Julios que quien tiene la solución en su mano es el presidente de la institución insular grancanaria. La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y diputada de CC por Gran Canaria, María del Mar Julios, ha acusado de mentir al presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, con respecto a la carretera de La Aldea. Durante una pregunta parlamentaria, la diputada nacionalista pidió explicaciones al consejero de Obras Públicas de por qué había sido posible coger la prefinanciación del Cabildo de Tenerife y no la del de Gran Canaria, cuestión que el consejero dejó claro solo está en manos de José Miguel Bravo de Laguna. Según explicó de forma clara el consejero, mientras el Cabildo de Tenerife ha aceptado aportar ese dinero a fondo perdido con un compromiso de devolución por parte del Gobierno, Bravo de Laguna no nos ha respondido a esta posibilidad y mantiene su intención de cederlo como deuda, lo que prohíbe su propio partido en el Gobierno de España. “Los ciudadanos de La Aldea y los de Gran Canaria deben saber que la tardanza en contestar y las continuas declaraciones descalificatorias del presidente del Cabildo solo pretenden confundir, encubrir bajo el paraguas del enfrentamiento con el Gobierno de Canarias la falta de valor y empuje para enfrentarse a su líder Rajoy o al ministro Soria, que nuevamente persigue que las islas salgan mal paradas”, afirmó Julios. En este sentido, Julios explicó que después “de saquear las partidas canarias de los presupuestos con 603 millones de euros menos que la media de comunidades autónomas solo en infraestructuras, el PP en Canarias miente a los aldeanos y aldeanas diciéndoles que quien no quiere hacer la carretera es el Gobierno de Canarias”. “Pues bien, el culpable de que la carretera de La Aldea y la cuarta fase de la circunvalación no se termine es el PP, que primero recorta y luego ofrece un dinero que no responde si está dispuesto a dar con unas condiciones que lo hagan posible”, insistió, “porque Bravo de Laguna lleva tres meses sin dar una respuesta al consejero”. Por este motivo, Julios pidió a Domingo Berriel que inste al Cabildo de Gran Canaria a que le conteste por escrito y de forma urgente “para saber cuáles son sus verdaderos compromisos con la carretera de La Aldea, y que no pierda tanto tiempo en comunicarse con usted a través de los medios de comunicación, puesto que esto no se trata de una lucha partidista sino del bienestar de la ciudadanía, de los aldeanos y aldeanas, y de los grancanarios y grancanarias”, afirmó Julios, quien espera se encuentre la solución cuanto antes.

Julios no entiende que el Estado someta al riesgo de un vertido de petróleo una zona que la ONU ha declarado especialmente sensible

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) duda de que el Estado pueda prevenir y tratar un posible vertido por las prospecciones si es incapaz de controlar el tránsito de buques peligrosos La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), María del Mar Julios, ha manifestado hoy en un Pleno del Parlamento de Canarias no entender cómo el Gobierno del Estado “somete al riesgo de un vertido de petróleo una zona que ha sido declarada especialmente sensible por Naciones Unidas”, afirmó Julios en una comparecencia del Pleno del Parlamento en la que preguntaba al Gobierno sobre las responsabilidades competenciales de las distintas administraciones en el control de tráfico de buques. Julios recordó lo ocurrido el pasado 15 de abril en San Bartolomé cuando hubo que cerrar la playa y las piscinas naturales del Castillo del Romeral e incluso se analizó la posibilidad de cerrar la playa de San Agustín, una de las más importantes de la localidad turística, un suceso que se repitió en julio en la playa de El Cabrón y en septiembre en San Bartolomé de nuevo. “Ante estos sucesos mi preocupación es si el Gobierno de España no es capaz de prevenir, impedir, predecir, avisar o ni tan siquiera contener los vertidos que realizan los barcos en alta mar y sus consecuencias en nuestras costas y en el ecosistema, ¿qué ocurrirá con los ocasionados por las perforaciones que pretende realizar Repsol en aguas ultraprofundas a pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura?”, manifestó la portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN). La diputada nacionalista también afirmó no entender cómo “si, según Naciones Unidas, se ha de evitar el tránsito de buques peligrosos por estas zonas por el riesgo que supone para ella por su singularidad, rareza, hábitat críticos, diversidad zonas de desove o reproducción, cómo el Gobierno de España somete a esta área al riesgo de contaminación de las perforaciones petrolíferas”. Julios explicó, además, que, hoy por hoy, nada garantiza que no pase lo mismo con las prospecciones que con los vertidos de los barcos, “que no se aclaran las causas, los daños provocados o los responsables”. Para María del Mar Julios, “sucesos tan desafortunados como los ocurridos esta primavera y este verano evidencian las nefastas consecuencias que la apuesta por el petróleo tiene para la protección de los valores naturales del litoral canario y ponen de manifiesto que la actividad petrolera es imposible de conciliar con la actividad turística”.

Julios pide una solución segura y definitiva para el sector turístico de Gran Canaria tras la evaluación de la Ley

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y diputada por Gran Canaria, María del Mar Julios, ha pedido hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias una “solución segura jurídicamente, definitiva y de consenso entre las instituciones y el sector turístico de Gran Canaria que atraiga a los potenciales inversores para dar respuesta a la incompleta oferta de la isla, algo que no es incompatible con la rehabilitación”, afirmó. En este sentido, la diputada apuntó a la solución de consenso con respecto al artículo cuatro y que resolvía el problema, “y que no es otra que utilizar criterios de estándares de calidad y ecosostenibilidad de los establecimientos turísticos como excepciones para la construcción no ligada a la renovación y en suelo ya clasificado”. Para María del Mar Julios, es el Parlamento una vez llegada la evaluación de la Ley a finales de este mes, según manifestó el consejero, el que determine las soluciones más oportunas. “Debemos crear el clima adecuado para el consenso”, insistió, por lo que pidió que se informe de forma directa al sector implicado de los resultados del análisis y el debate sobre posibles modificaciones se circunscriba a la Cámara.

Ni vencedores ni vencidos, soluciones

Julios critica que la promesa del Gobierno de España de revisar el convenio de infraestructuras con Canarias fuera solo una cortina de humo

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y diputada por Gran Canaria, María del Mar Julios, ha criticado hoy en el Pleno del Parlamento que la promesa del Gobierno de España de revisar el convenio de infraestructuras con Canarias “fuera solo una cortina de humo”, y no es la primera vez que pasa, y recordó el certificado de residencia sobre el que ya han manifestado desde Fomento en varias ocasiones que no haría falta y, sin embargo, sigue siendo obligatorio para viajar. En este sentido, la diputada nacionalista afirmó que el Estado “está haciendo dejación de sus responsabilidad incumpliendo los acuerdos firmados en 2009 que dieron lugar a compromisos de contratación que el Partido Popular ha decidido eliminar de forma unilateral”. Julios denunció que las obras afectadas por el recorte de financiación del PP han causado gravísimos problemas al archipiélago y puso como ejemplo los 17.000 puestos de trabajo que se han perdido en un sector como el de la construcción, el más castigado por el desempleo. “Este es un problema lo suficientemente grave como para que el Gobierno de España actúe frívolamente. Estamos ante una situación insostenible para Canarias por dejar sin acabar obras ya iniciadas, obras que como el caso de la carretera de La Aldea representan un problema de seguridad y de comunicación de los ciudadanos aldeanos, que siguen viviendo con gran incertidumbre su futuro”, explicó. La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) pidió al consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, “que siga exigiendo al Estado equilibrio territorial, puesto que el recorte a Canarias es superior a la media del Estado y reclame la urgente reasignación presupuestaria para poder concluir las obras priorizadas”.

Julios lamenta que el Estado prefiera generar inseguridad con su “recurso político” a la Ley de Modernización Turística

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y diputada por Gran Canaria, María del Mar Julios, ha lamentado que el Estado eluda su responsabilidad de buscar el consenso en torno a las cuestiones que afectan a Canarias “y prefiera generar inseguridad jurídica con un recurso político al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Modernización Turística”. “Me consta que en las diferentes reuniones que se estaban manteniendo había propuestas de acercamiento que giran en torno a permitir instalaciones turísticas que cumplan con criterios de calidad y sostenibilidad, y no tanto de clasificación de estrellas, un avance de consenso que incluso agradaba al sector empresarial”, afirmó Julios durante su intervención. “Sin embargo, parece que al ministro eso no le gustaba porque no era el protagonista y decidió mantener un recurso al Constitucional totalmente político”. Para Julios, el ministro de España, el ministro de Turismo, José Manuel Soria, “sabe que el consenso le perjudica y solo quiere bronca incluso a pesar de que tenga que violar sus responsabilidades institucionales como lo ha hecho con la Ley de Modernización Turística”. En este sentido, manifestó no entender que lleva a alguien a primar la inseguridad jurídica sobre el consenso. “Porque ese recurso, tal y como han dicho las dos confederaciones empresariales canarias, lo único que trae es inseguridad jurídica que ahuyentará y paralizará a los inversores”. “Como saben”, continuó, “defiendo la posibilidad de construcción de hoteles de cuatro estrellas en la isla de Gran Canaria de una forma controlada y en suelo clasificado como un elemento competitivo y compatible con la necesaria y urgente rehabilitación, por lo que creo que es necesario ese consenso pero nunca en la línea expresada por la delegada del Gobierno quien ha afirmado que la suspensión cautelar permitirá la construcción libre”.