Hace unos días se conoció que la fábrica de Coca Cola en Gran Canaria presentó un ERE, Expediente de Regulación de Empleo, que implica la pérdida del 50% de los puestos de trabajo, es decir, 49 personas con sus respectivas familias se quedan en paro en una Isla, Gran Canaria, que tiene una de las tasas de desempleo mayores de Canarias.
La pregunta que nos hacemos y, sobre todo se hacen los trabajadores afectados, es si está verdaderamente justificada esta decisión por la crisis económica o por el contrario se utiliza la crisis para justificar decisiones empresariales inaceptables socialmente.
La empresa se escuda en que es la disminución de las ventas la que les obliga por razones estructurales, dejar en Canarias solo una planta abierta, la de Tacoronte, y cerrar la de Ingenio. Los trabajadores sospechan que se trata de un cierre encubierto y un probable desmantelamiento de esta empresa no sólo en Gran Canaria sino en todo el Archipiélago, dejando a Canarias solo y exclusivamente como un mercado para el consumo de productos fabricados en otros lugares.
Hasta hace poco esta planta de Coca Cola en Ingenio era la más productiva de las dos existentes en Canarias, incluso se firmó el año pasado un convenio con los trabajadores en donde se garantizaban nuevas inversiones, pues el volumen de ventas así lo recomendaba. Incluso la empresa llegó a solicitar a AENA autorización para ampliar la planta, al estar la misma ubicada en una zona de servidumbre aeroportuaria.
Esta es una de las empresas más importantes en España, con un volumen de ventas de 850 millones de litros de bebida en el 2007, con fábricas en Andorra, Cataluña, Aragón y Baleares, además de Canarias. No se entiende, por tanto, que una empresa con grandes beneficios, con un Plan de Crecimiento, que cuenta en Barcelona con la que se considera la planta de Coca Cola más grande del mundo y que tiene previsto su expansión a otros países Africanos, se plantee siquiera cerrar la planta de Gran Canaria.
Los ciudadanos hemos visto este verano y muchos habrán sido partícipes de los esfuerzos de esta compañía a través de anuncios en distintos soportes para promover el consumo de Coca Cola embotellada en su zona, alegando razones medioambientales, ya que, debemos evitar la contaminación derivada del uso de los medios de transporte. Es por esto que no se entiende ahora que sin motivo aparente y agarrándose a la crisis como un clavo ardiendo planee cerrar la planta de Ingenio, y quien sabe, quizás terminar por trasladar la producción de Canarias a otras regiones donde la mano de obra y las materias primas sean más baratas.
Este anuncio caló tanto que el propio Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, intervino para que en la cafetería de la Cámara Baja la única Coca Cola que se consuma sea la embotellada en España y no en Polonia o en otros países.
Una empresa que cierra en Canarias pero que abre en Galicia, aunque todo hay que decirlo, con las facilidades aportadas por el alcalde del municipio gallego de Oza dos Ríos, que sinceramente no sé en qué partido milita, pero que dijo y cito textualmente ante la apertura de una planta de esta bebida en su municipio: “el Ayuntamiento se compromete a agilizar los trámites para la implantación de la empresa, mientras que ésta asume la creación de una bolsa de empleo en la que tendrán prioridad los vecinos del municipio”. Mientras algunos defienden su mercado de trabajo, como este Alcalde gallego, aquí otros, como el PSOE se escandalizan porque el Gobierno de Canarias priorice que el empleo creado en Canarias sea fundamentalmente para los que aquí vivimos.
Pero lo comentado no es sólo una anécdota, es un problema para Gran Canaria y yo diría que para Canarias, no tardaremos mucho en escuchar a las diferentes instituciones echarse las culpas unas a otras, echar balones fuera, incluso no es de extrañar que se recurra al comodín del pleito insular.
Ojalá me equivoque, pero es que no he escuchado a ninguna de las instituciones de Gran Canaria; Cabildo Insular y Ayuntamiento de Ingenio actuando enérgicamente como el Alcalde de Oza dos Ríos, con medidas eficaces y coordinadas, involucrándose, comprometiéndose para retener en la Isla el tejido industrial que nos queda.
Todos tenemos responsabilidad en evitar el cierre de la empresa. La primera, los empresarios de la Coca Cola, gran multinacional con importantes beneficios y que tiene que adquirir responsabilidades sociales; y la segunda, las administraciones. En Canarias, concretamente esta empresa al igual que otras, se benefician de las subvenciones al transporte para abaratar costes. Esta es una subvención para la defensa del empleo, y no puede ser utilizada perversamente para cerrar las industrias ubicadas en Canarias valiéndose de que el transporte es gratis y a la empresa le salen mejor las cuentas. El Gobierno de Canarias tiene que estar en alerta para impedir legalmente un ERE no justificado como el presentado por Coca Cola en Gran Canaria, pero es el Cabildo Insular el que debe ir de la mano con el Ayuntamiento de Ingenio exigiendo responsabilidad social a la empresa y buscando soluciones a los problemas que ésta pueda aludir como es la negociación con AENA en relación a la supuesta negación de ésta a la expansión de las naves, desconocemos si esto es cierto, pero estoy segura que pueden haber alternativas e incluso si fuera necesario dar facilidades para una mejor ubicación. Y digo supuesta, pues es difícil entender que AENA no autorice dicha ampliación, si es que se le presenta la documentación e informes adecuados, ya que otras empresas no tienen problemas para crecer en ese mismo polígono industrial.Todos tenemos la obligación de impedir que Gran Canaria y Canarias se conviertan en una plataforma Atlántica de un solo uso y luego tirar, es decir, solo para consumir y dar servicio, también tenemos capacidades de producir, de crear e innovar.
lunes, 30 de noviembre de 2009
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