Menos bravuconadas y mas compromiso en defensa de los intereses de Canarias

En los difíciles momentos que vivimos no es digno de cualquier responsable político buscar la confrontación por la confrontación. Es cierto que alguno de los personajes de la política Canaria, han tenido por costumbre ganar fama en su carrera política por su perfil bronquista, fomentando una permanente confrontación, sin duda que astutamente a algunos les ha dado muy buenos resultados, pues con estas actitudes la notoriedad y capacidad para conseguir titulares se consigue pronto.

Pero en los momentos que vivimos, las viejas formas del pasado ya no sirven, la realidad se impone, es tozuda y debe prevalecer el sentido de la responsabilidad, el trabajo leal entre las instituciones y la colaboración para resolver los problemas de la ciudadanía. Tenemos que defender con urgencia los intereses y los derechos de las mayorías, que hoy están en grave peligro.
Aquí, en este alejado archipiélago, defender los intereses generales de la ciudadanía, pasa inevitablemente, por defender los intereses de Canarias. Y cuando aquí la ciudadanía vota a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el Parlamento Europeo, esperan de ellos que defiendan sus intereses y, por tanto, los de Canarias. Estas expectativas son aún mayores cuando alguno de estos representantes tienen responsabilidades, como ha sido el caso del actual Ministro de Industria, Energía y Turismo.
El Gobierno del PP debe ser el Gobierno de España, y no puede seguir pasivo ante la difícil situación que se vive en Canarias. Los sacrificios deben tener un límite, no es justo que a estas alturas los apretones al cinturón de los canarios y canarias que nos pide el Gobierno Estatal sean mayores que los que han de hacer en el resto de España. Y esto es así porque recibimos menos financiación y, sin embargo, los recortes son iguales para todas las CCAA, por lo que a nuestros ciudadanos se les pide más sacrificio.
Somos la Comunidad Autónoma con un menor nivel de endeudamiento, pero padecemos un sistema injusto de financiación autonómica. Canarias recibe del Estado unos 315 euros menos que la media de la población Española, 600 millones de euros menos cada año. En el caso de la Sanidad el déficit de financiación alcanza ya los 1.400 millones de euros. Pero también ocurre con la inversión estatal en infraestructuras, el déficit en esta materia en el periodo comprendido entre 2004 y 2011 supera ya los 1.787 millones de euros, lo que se ha traducido “en un déficit promedio per cápita de inversión del Estado en Canarias de 109 euros menos que en el resto de España durante muchos años".
Ante esto Canarias no puede seguir retrocediendo, mucho más en una situación como la actual. Es vital que tengamos un trato diferenciado, que no privilegiado. Es una responsabilidad que debe ser asumida por el nuevo Gobierno del PP.
Pedir un trato cuanto menos igualitario, la misma financiación por habitante para la sanidad, la educación, los servicios sociales o las infraestructuras, no es reclamar privilegios y debe ser responsabilidad de todos los responsables públicos Canarios y también de los populares canarios. Hoy mas que nunca deben olvidarse de las bravuconadas y centrar sus esfuerzos en demandar al Gobierno central lo que le corresponde al Archipiélago.
El Gobierno de España tiene la responsabilidad de garantizar un reparto justo de los recursos entre los diferentes territorios, pero con Canarias no se cumple y, la situación de emergencia que se vive en Canarias no puede esperar al pacto entre todas las Comunidades Autónomas, el de conveniencia de turno, el de unas mayorías unas veces del PP, otras del PSOE, en las que Canarias no cuenta porque siempre estará en minoría frente a las demás, pues nuestra realidad insular es difícil de comprender por las 15 Comunidades Autónomas Españolas que son continentales.
En España ya existen modelos de financiación distintos a los de todas las Comunidades, el del País Vasco y Navarra, por sus fueros y por su historia. El Estado tiene que asumir ya un modelo distinto y específico para Canarias, negociado bilateralmente, como ya lo ha hecho Europa.