Tres años se cumplirán el próximo 20 de abril del nefasto Decreto-Ley que el PP tituló “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. En realidad, con ese Decreto se ponía punto y final al derecho universal a la prestación sanitaria en un país que había logrado el reconocimiento internacional a nuestro sistema sanitario. Mejorable, pero un sistema que garantizaba el servicio a todos en igualdad de condiciones. Por este motivo los partidos políticos seguimos trabajando para restaurar el sistema y poner fin a un Decreto que ha demostrado ser ineficaz y profundamente injusto.
Coalición Canaria apoyó una moción presentada esta semana en el Senado, al que hemos aportado nuestras enmiendas para reforzar aquellos aspectos que nos parecen más importantes y uno que, especialmente nos preocupa en Canarias, que es el déficit de financiación sanitaria que el sistema público sanitario español mantiene con Canarias.
Compartimos por completo con la mayoría de los Grupos del Senado la propuesta de derogar el Decreto Ley, con el objetivo de recuperar el contenido legal que teníamos en España para garantizar el derecho universal a la prestación sanitaria. El Real Decreto 16/2012 ha supuesto una contrarreforma sanitaria en España, un cambio radical de modelo sanitario. De un modelo universal de asistencia y de prestación sanitaria, se ha retrocedido a la época franquista en donde teníamos un sistema sanitario basado en la Seguridad Social. Por eso, planteamos recuperar aquellos artículos que desde la Ley General de Sanidad hasta antes de este Decreto, hablaban del derecho a la prestación sanitaria y desterrar de la legislación española sanitaria el término aseguramiento. Todas las leyes que hasta ahora se habían desarrollado en España, están basadas en el artículo 43.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la prestación para la salud.
Otro aspecto de la moción propuesta consistía en promover una ley que consolide el carácter público, gratuito y universal, y desarrollar un plan de acción sanitario. En este sentido, planteamos desde CC que se haga a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para consensuar un pacto por la sostenibilidad y la calidad del sistema. La contrarreforma sanitaria que inició el PP con este Decreto rompió todos los consensos habidos en este país en torno al sistema sanitario desde la democracia hasta ahora. Y se impuso de forma unilateral, sin ser debatido por el Consejo Interterritorial. En este sentido, Canarias puso un Recurso de Inconstitucionalidad a este Decreto.
Pero hay un tercer aspecto que nos preocupa, especialmente en Canarias, por lo que propusimos abordar de forma urgente la adecuación del sistema de financiación sanitaria consensuándolo con las Comunidades Autónomas. Una propuesta que busca recuperar la equidad y la correcta valoración del sobrecoste de la insularidad en el sistema de financiación. Planteamos esto porque desde que gobierna el PP, el déficit de financiación sanitaria del Gobierno de España con Canarias se ha incrementado injustamente. A los ciudadanos españoles se les atiende con más o menos recursos según el territorio donde residan, y uno de los más perjudicados es el canario. Concretamente, Canarias está recibiendo 252 € menos al año por habitante para mantener los servicios públicos respecto a la media del Estado. Y si nos comparamos con la comunidad autónoma que recibe más financiación, serían 858 € menos, para un sistema sanitario como el canario que tiene que mantener abiertos -y vamos a seguir haciéndolo-, hospitales y centros de salud en las ocho isla. Porque islas como La Gomera o como El Hierro necesitan contar con hospitales aunque por población (si estuviéramos en territorio continental), sólo dispondrían de un centro de salud. Nuestra realidad geográfica, por ser un territorio fragmentado e insular, nos obliga a mantener abiertos hospitales que garanticen el acceso a prestaciones básicas en un tiempo razonable y, en ocasiones, suponen la diferencia entre la vida y la muerte para las personas. Pues eso, algunos se niegan a entenderlo.
Esa financiación actual nos está perjudicando: 2.412 millones de euros alcanza ya el sobrecoste que para Canarias implica el déficit de financiación histórico de nuestra sanidad, cantidad que reclamamos de forma urgente para que los canarios tengan el mismo derecho que el resto de los ciudadanos españoles a recibir los servicios públicos sanitarios.
El Partido Popular heredó un sistema nacional de salud y en vez de mejorarlo ha procedido a su desmantelamiento, olvidando y echando por la borda el enorme esfuerzo que nos costó lograrlo a los ciudadanos españoles desde la transición a la democracia y lo que va a dejar son los restos del sistema nacional de salud para beneficiar a unos pocos, si no lo impedimos, que lo impediremos.
Ante esta situación hay que recordar que el PP defendía estas mismas tesis cuando hacía oposición al Gobierno Zapatero, la misma época en la que era Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el actual ministro José Manuel Soria. Entonces él reclamaba al Gobierno del Estado que resolviera el injusto déficit sanitario situado en unos 1.000 millones de euros. De hecho, esta demanda formaba parte de su programa electoral. ¿Y qué ha hecho el PP desde que está gobernando? ¿Lo ha solucionado o ha negociado cómo corregir esa discriminación? Sencillamente, no. Por el contrario, han incrementado ese déficit de mil a dos mil quinientos millones de euros. Esa es la realidad de la herencia que nos va a dejar el PP.
El PP impuso una contrarreforma legal acompañada de un recorte presupuestario de 7.000 millones de euros que ahora se han convertido en 14.000 millones de euros. Esta reducción de financiación y de derechos promovidos por el PP ha dejado a miles de personas sin tarjeta sanitaria, personas que ya no pueden entrar por la puerta de entrada de atención primaria, sino por la puerta de Urgencias para ser atendidos, incrementando el coste del sistema y reduciendo su eficiencia. ¿Esa es la herencia que nos va a dejar el PP?
La política del PP fue explicada claramente en el editorial de la revista British Medical Journal (abril de 2012): “el asalto a la universalidad, cómo se destruye el estado del bienestar” y nos ponen de ejemplo de cómo las políticas neoliberales destruyen los sistemas nacionales de salud. La verdad es que el balance de este Real Decreto, no podía ser más negativo: no ha mejorado la gestión, no ha mejorado la calidad, no ha mejorado la equidad, ni tan siquiera genera un ahorro, sino un incremento de gasto e ineficiencia y, por supuesto, un cúmulo de injusticias para los más necesitados: el copago sanitario introducido en la farmacia de atención primaria, en la farmacia hospitalaria, en el transporte, en muchas otras prestaciones que están haciendo a los pobres más pobres, y más débiles e indefensos a los enfermos, perjudicando sobre todo a los enfermos crónicos.
Está claro que la política sanitaria que el PP quiere implantar, se ha encontrado con la oposición de las comunidades autónomas que no estamos dispuestas a permitir que se desmantele el Sistema Nacional de Salud. La estrategia del PP es cambiar el acceso al sistema de tarjeta sanitaria universal española, por una tarjeta de crédito. El que tiene dinero para pagarse el sistema podrá entrar y el que no, no. Y eso no puede enmascararse con nada porque es, simplemente, el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud
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